La aplicación del principio de Participación en la elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, un ejemplo a seguir.

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A mediados de marzo entró en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. Esta iniciativa legislativa se sitúa en el marco de un proceso de modernización de los Servicios Sociales que se viene produciendo en todas las Comunidades Autónomas, dando así respuesta a la evolución de la sociedad, la aparición de nuevas y crecientes necesidades y la exigencia de mejorar y adaptarse a las actuales circunstancias.
La nueva ley proclama una serie de principios rectores que constituyen un mandato para los agentes del sistema. Precisamente, como uno de los principios rectores que han de regir el sistema, se encuentra el de Participación, que, según se señala, ha de ser fomentada, facilitada y garantizada por los poderes públicos a todos los niveles, de los ciudadanos, las entidades de iniciativa social, los agentes sociales y las instituciones, así como las personas usuarias.
Podemos constatar que este principio ya ha sido hecho efectivo durante el mismo proceso de elaboración de la ley, en el que han estado presentes los distintos agentes implicados, a los que se les ha pedido opinión y cuyas aportaciones han sido valoradas.
A lo largo de un dilatado proceso de participación, el CERMI de Castilla y León ha propugnado una mejora del proyecto presentado para incluir en el texto las condiciones de garantía del derecho a los servicios sociales como un completo derecho subjetivo y exigible, la universalidad sin ningún tipo de discriminación, la calidad que asegure una atención integral que tengan en cuenta todas las etapas del ciclo vital, la garantía de participación del tercer sector y un específico sistema de cooperación con la iniciativa social que representamos.
ARETé-activa ha acompañado este proceso para la consecución de este salto cualitativo entre la redacción del proyecto de Ley remitido a las Juntas, que nos parecía presentaba numerosas carencias, y la Ley finalmente aprobada, de la que nos sentimos satisfechos y corresponsables, a través de la aportación de sólidos argumentos técnicos y jurídicos, antecedentes legales, legislación comparada, redacciones alternativas y estrategias de acción.
Ahora, con el proceso legislativo culminado, podemos felicitarnos del esfuerzo realizado y de los logros alcanzados, al hacer una valoración global sobre los aspectos más destacables que hemos conseguido que los grupos parlamentarios incorporen en el proceso de debate de la hoy Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.

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